Las administraciones consorciadas son la Generalitat de Catalunya (51 %) y administraciones locales (49 %), que son el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà  (AMTU). Hay que destacar la presencia de representantes de la Administración General del Estado (AGE) en los órganos de gobierno de la ATM, en calidad de observadores.

La ATM tiene como finalidad articular la cooperación entre las administraciones públicas titulares de los servicios y de las infraestructuras del transporte público colectivo del área de Barcelona de que forman parte, así como la colaboración con las administraciones que, como por ejemplo la Administración del Estado, están comprometidas con el transporte público colectivo desde un punto de vista financiero o que son titulares de servicios propios o no traspasados